La clausura del casino Winpot, ubicado en Pachuca, Hidalgo, ha generado una oleada de señalamientos por presuntos conflictos de interés que involucran a altos funcionarios estatales y empresarios de la industria de los juegos de azar. Más de 200 trabajadores se han visto afectados por esta medida implementada por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), dirigida por Luis Alberto Mercado Hernández. A pesar de que el casino contaba con los permisos correspondientes para operar, su cierre ha dejado muchas interrogantes.
Sospechas de favoritismo
Documentos obtenidos por este medio apuntan a que el casino Vía Dorada, situado a menos de un kilómetro del clausurado Winpot, podría haberse beneficiado de esta decisión. Este establecimiento es operado por las compañías Petolof S.A. de C.V. y Hermes S.A. de C.V., cuyos accionistas tienen vínculos con Elías Marianno Gil Valdez, secretario de Administración del estado de Hidalgo.
Elías Marianno es hijo de Sergio Jacinto Gil García, quien ha sido señalado en investigaciones por supuestamente encabezar una red de corrupción relacionada con la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. En 2022, Gil García fue acusado de exigir «moches» a operadores de casinos a cambio de permisos para operar sin restricciones.
Otro nombre que aparece relacionado con Hermes S.A. de C.V. es el de Juan Carlos Martínez Domínguez, conocido como “el hombre del pantalón”. Este empresario ha sido acusado de participar en múltiples actos de corrupción, incluyendo la «Estafa Siniestra», un esquema de desvio de recursos públicos mediante empresas fachada. También se le vincula con operaciones irregulares como la venta de tabletas de origen chino a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo sin procesos de licitación.
Además, Martínez Domínguez jugó un papel clave en proyectos inmobiliarios durante la administración del exgobernador Omar Fayad, como el centro comercial Vía Dorada, cercano al casino Winpot.
El casino Winpot había operado durante más de 18 años, cumpliendo con regulaciones para habilitar áreas de fumadores conforme a la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2024 fue clausurado por presuntas infracciones. Los representantes del casino obtuvieron una suspensión judicial que les permitía continuar operando, pero estas resoluciones han sido ignoradas por la Copriseh.
En fechas posteriores, jueces federales ordenaron la reapertura del establecimiento, pero estas instrucciones también fueron desobedecidas, manteniendo el casino cerrado. Este incumplimiento ha afectado a las más de 200 familias que dependían del empleo generado por el casino.
El silencio del gobernador Julio Menchaca Salazar frente a estos hechos ha alimentado las críticas sobre su compromiso con la transparencia. Diversos actores del ámbito empresarial y político han cuestionado su falta de acción, sugiriendo que el caso podría estar influido por intereses personales y redes de corrupción.
Líderes del Consejo Coordinador Empresarial han advertido que este tipo de acciones no solo dañan a los empleados del casino, sino que también envían un mensaje preocupante sobre la legalidad y equidad en el estado. La clausura del Winpot, en lugar de ser una medida para garantizar el cumplimiento normativo, ha levantado más dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta decisión.