Gobierno de Hidalgo niega agresión policial en marcha del 8MEn medio de la controversia generada por los enfrentamientos durante la marcha del 8 de marzo en Hidalgo, el gobierno estatal ha negado categóricamente que elementos de la policía hayan iniciado la agresión contra las manifestantes. En conferencia de prensa, miembros del Gabinete de Seguridad aseguraron que el cuerpo de policías femeninas “solo contuvo y resistió el ataque de un grupo minoritario”, sin responder con violencia.El titular de la Secretaría de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, enfatizó que la prioridad de la autoridad fue la protección de todas las participantes. «No hubo respuesta por parte de la autoridad, solo resistió y contuvo, nunca agredió», afirmó, destacando el papel de las oficiales en la contención de los disturbios.A pesar de ello, el saldo de la jornada dejó 20 oficiales lesionadas, quienes, según el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, sufrieron golpes en piernas, manos, brazos y tobillos. Actualmente, las agentes reciben atención médica para su recuperación.Uno de los puntos más polémicos ha sido la participación de hombres infiltrados en la protesta, quienes, de acuerdo con las autoridades, habrían sido responsables de los ataques contra las oficiales. Olivares Reyna reconoció que la gran mayoría de las manifestantes actuaron de manera pacífica, pero denunció que algunos individuos encapuchados, entre ellos hombres, generaron los enfrentamientos.Por su parte, el encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Francisco Fernández Hasbun, informó que tras los disturbios, siete mujeres, un adolescente de 15 años y tres hombres fueron presentados ante el Ministerio Público.En cuanto a la presencia de policías hombres en la contención de la marcha, Cruz Neri justificó su intervención argumentando que se buscó reforzar el orden público ante la creciente tensión y el riesgo de que las oficiales femeninas fueran rebasadas.El debate sigue abierto. Mientras las autoridades defienden la actuación de la policía y denuncian agresiones en su contra, colectivos feministas y manifestantes han señalado excesos en el operativo de seguridad. La pregunta que queda en el aire es: ¿realmente se garantizó el derecho a la protesta pacífica o hubo represión disfrazada de contención?