En un esfuerzo por frenar la malversación de fondos destinados a la seguridad pública, diputados locales de Hidalgo han propuesto una reforma al Código Penal estatal para sancionar con penas de entre 10 y 20 años de cárcel a los alcaldes que utilicen de manera indebida los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Una propuesta para garantizar la seguridad
La diputada Alhely Medina Hernández señaló que, aunque la normatividad vigente establece que al menos el 20% del Fortamun debe destinarse a la seguridad pública, actualmente no existen sanciones específicas para quienes incumplen esta obligación. Ante este vacío legal, la legisladora de Morena propuso tipificar este desvío como peculado, lo que permitiría castigar penalmente a los responsables.
“Al ser la seguridad pública un tema tan sensible para la sociedad y para fortalecer a las policías municipales, se debe asegurar que los recursos asignados para la seguridad se destinen exclusivamente para este fin”, enfatizó la diputada.
Castigos más severos para evitar la corrupción
Además de la pena de prisión, la iniciativa contempla multas que oscilan entre las 500 y 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a sanciones económicas de entre 56,570 y 113,140 pesos. Con esta medida, se busca evitar que los alcaldes continúen desviando estos recursos hacia otros fines no relacionados con la seguridad pública.
Medina Hernández expuso que es común que los municipios utilicen los fondos del Fortamun para la construcción de infraestructura o incluso para fines personales de los funcionarios, en lugar de destinarlos al fortalecimiento de la seguridad local. “Nos ha tocado ver que los municipios utilizan recursos del Fortamun para construcción de infraestructura, para otras cosas y no para fortalecer la seguridad pública”, lamentó.
Recursos que no llegan a la seguridad
De acuerdo con la legisladora, si los fondos se emplearan correctamente, deberían ser suficientes para la contratación de policías y la adquisición de patrullas, lo que permitiría mejorar la seguridad en los municipios. Sin embargo, en muchos casos, el dinero se desvía para otras acciones que no tienen relación con la seguridad ciudadana.
Actualmente, la ley no contempla sanciones penales para los alcaldes que utilicen estos recursos en obra pública u otros rubros, lo que ha permitido que algunos ediles destinen estos fondos para la compra de camionetas de lujo e incluso para pagar escoltas personales.
Un paso contra la impunidad
Con esta propuesta, se busca cerrar las brechas legales que permiten la corrupción y garantizar que los recursos destinados a la seguridad sean utilizados exclusivamente para este propósito. La iniciativa será analizada en el Congreso de Hidalgo y, de ser aprobada, establecería un precedente en la lucha contra la malversación de fondos públicos.