Un alarmante 7% de los agresores en casos de violencia familiar en Hidalgo pertenece a instituciones de seguridad pública o privada, reveló la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac). Esta situación plantea un reto adicional para las víctimas, quienes enfrentan mayores riesgos al denunciar a agresores con acceso a recursos e influencia dentro del sistema de seguridad.
La implementación piloto de la Herramienta de Evaluación de Riesgo (HER) en centros de atención temprana evidenció que 9 de cada 100 mujeres que presentan denuncia por violencia familiar están en una situación de alto riesgo. Además, una preocupante cantidad de víctimas se encuentra atrapada en un círculo de violencia en el que sus agresores forman parte de la Policía Bancaria, Guardia Nacional, policía municipal o incluso seguridad privada, lo que dificulta aún más la posibilidad de obtener justicia y protección.
Ante esta problemática, Seiinac ha implementado el curso «Uso y Manejo de la Herramienta de Evaluación de Riesgo (HER) en casos de violencia familiar en el marco del modelo de priorización (MOP)», dirigido a agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH). En su primera etapa, 120 agentes de la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, así como la de Delitos de Género y Trata de Personas, recibirán capacitación para mejorar la atención a las víctimas y fortalecer los mecanismos de protección.
El objetivo de esta formación es sensibilizar y dotar a los ministerios públicos de herramientas efectivas para identificar el nivel de riesgo que enfrentan las denunciantes y, con ello, prevenir feminicidios y agresiones graves. La violencia familiar sigue siendo una de las problemáticas más urgentes en Hidalgo, y el hecho de que agresores formen parte de cuerpos de seguridad es un llamado a revisar y reforzar los filtros de ingreso y permanencia dentro de estas instituciones.
Mientras tanto, las organizaciones civiles continúan exigiendo medidas más contundentes para garantizar que las víctimas reciban protección efectiva y que los agresores, independientemente de su cargo o función, sean llevados ante la justicia.