El pasado mes de octubre marcó un hito preocupante en la relación migratoria entre México y Estados Unidos, con la deportación de más de 7 mil ciudadanos mexicanos, la cifra más alta registrada en una década. Este fenómeno, según un análisis del Tribunal de Inmigración basado en datos obtenidos por el centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, pone de manifiesto la complejidad y severidad de las políticas migratorias actuales. De acuerdo con TRAC, el aumento en las deportaciones se debe a una mayor emisión de órdenes por parte de jueces de inmigración, quienes determinaron que en octubre del 2023 se cerraran 7 mil 814 casos que involucraban a mexicanos. De estos, el 37 % concluyó con órdenes de deportación. Sin embargo, un año después, en octubre del 2024, los casos resueltos alcanzaron los 10 mil 944, y el porcentaje de deportaciones ascendió al 66 %, superando en 20 puntos porcentuales el promedio nacional.
El análisis también evidenció el gigantesco retraso en los procesos migratorios, con 3 millones 724 mil 95 casos aún pendientes en los tribunales. De este total, más de 1.6 millones de inmigrantes han presentado solicitudes de asilo, pero enfrentan largas esperas para obtener una audiencia o un fallo judicial. En lo que va del año fiscal 2024, los tribunales recibieron 87 mil 620 nuevos casos, pero resolvieron 81 mil 472, un esfuerzo insuficiente frente al creciente flujo migratorio. Además, solo el 14.2 % de los inmigrantes contaron con representación legal, lo que limita sus posibilidades de evitar una orden de expulsión.
A nivel geográfico, el condado de Miami-Dade en Florida encabeza la lista de jurisdicciones con más residentes enfrentando procesos de deportación. A finales de octubre, esta región concentraba un alto número de casos pendientes, reflejando una carga considerable sobre los sistemas locales y una presión significativa sobre las comunidades afectadas.
Detrás de las cifras hay historias de familias separadas, vidas truncadas y un panorama incierto para los deportados. Este incremento en las deportaciones no solo afecta a quienes son obligados a regresar a México, sino también a las comunidades que dejan atrás y a las que llegan en busca de una reintegración que no siempre es sencilla. Los datos también revelan una alarmante brecha en el acceso a la representación legal para los migrantes. Sin abogados que los guíen en los procesos judiciales, los inmigrantes enfrentan mayores probabilidades de recibir órdenes de expulsión. La falta de acceso a asesoramiento legal es uno de los factores que perpetúa la vulnerabilidad de quienes buscan establecerse en Estados Unidos.
Este panorama evidencia la necesidad urgente de revisar las políticas migratorias y de establecer mecanismos que permitan a los migrantes un proceso más justo y humano.