Con 15 votos a favor y 6 en contra, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen que elimina completamente las penalizaciones al aborto en todas sus etapas de gestación. Esta decisión implica la derogación de los artículos 144, 145, 147 y 148 del Código Penal, además de la eliminación del delito de aborto en el artículo 76. De esta manera, la capital del país da un paso sin precedentes en la regulación del aborto, abriendo el debate entre quienes consideran esta medida un avance en derechos humanos y aquellos que lo ven como una amenaza a la vida y moralidad. Durante la discusión, los legisladores mostraron posturas divididas. La morenista Valentina Batres enfatizó que la criminalización del aborto ha sido usada como una herramienta de opresión contra las mujeres y personas gestantes, y recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado incompatible la penalización del aborto con los derechos humanos. “Hoy tenemos el deber de asegurar que este derecho no sea letra muerta, sino una realidad”, afirmó Batres, destacando que se trata de una medida en favor de la justicia social y la dignidad.
“La penalización del aborto es un problema de justicia social; despenalizarlo significa apoyar a las mujeres que no pueden irse al extranjero para acceder a este derecho”, enfatizó.
Por otro lado, la panista América Rangel criticó la reforma argumentando que la eliminación de estos artículos del Código Penal permitiría el aborto en cualquier etapa del embarazo, “incluso un minuto antes del parto, matando a un ser humano completamente formado y preparado para vivir”, expresó con preocupación. Rangel defendió su postura indicando que la nueva legislación abre la posibilidad de abortos tardíos, algo que calificó como un acto inhumano. Entre los votos en contra se destacaron también los panistas Olivia Garza, Lizzet Bernal, Enrique Sánchez Flores y Diego Garrido, quienes argumentaron que la sesión de comisiones tuvo irregularidades, como el hecho de que no se les convocara con 48 horas de antelación. Garrido adelantó que impugnarán la sesión por considerarla “ilegal” y criticó la falta de parlamento abierto y la ausencia de expertos en la discusión del tema. Desde otra perspectiva, Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, apuntó que la penalización del aborto ha afectado especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, que no pueden acceder a los mismos recursos que otros sectores de la población para interrumpir un embarazo.
Por su parte, el Partido Verde se mostró dividido en sus votos. Yolanda García, legisladora del PVEM, votó en contra del dictamen, argumentando que facilitaría prácticas que causen sufrimiento al feto en etapas avanzadas del embarazo. García sostuvo que existen alternativas, como la adopción, y llamó a promover estas opciones en lugar de despenalizar el aborto completamente. La morenista Elizabeth Mateos, quien apoyó la medida, recordó que en 2007 la Ciudad de México fue la primera en aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, y que con esta reforma se busca avanzar en la eliminación del estigma hacia las mujeres que deciden sobre su cuerpo.
“No aceptaremos la opresión disfrazada de moralidad”, señaló Mateos, destacando que la capital ha sido un ejemplo en la lucha por los derechos de las mujeres y que esta reforma es parte de ese legado.
La aprobación de este dictamen ha generado intensos debates sobre los derechos reproductivos y los límites de la legislación en temas de aborto. En redes sociales y medios, se ha vuelto a abrir la discusión pública sobre el derecho a decidir, la defensa de la vida, y la ética de realizar abortos en etapas avanzadas de gestación.Con esta decisión, la Ciudad de México continúa perfilándose como un referente en el país respecto a los derechos reproductivos. Sin embargo, aún queda por ver si este dictamen se enfrentará a impugnaciones legales y si las reacciones sociales influirán en la implementación de la nueva normativa.
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