Clausuran mina en Zimapán por derrame de residuos peligrosos: riesgo inminente para el medio ambiente y la salud
Una mina ubicada en el municipio de Zimapán, Hidalgo, fue clausurada temporalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) luego de que se confirmara un derrame de sustancias contaminantes en terrenos habitados, sin ningún tipo de control ni tratamiento previo. La empresa responsable, Sago Import Export, S.A. de C.V., quedó bajo observación federal por el manejo irregular de sus desechos industriales.
La clausura se dio tras múltiples denuncias realizadas por habitantes de la localidad de Santa María, quienes alertaron a las autoridades luego de observar que los residuos provenientes de los jales mineros se estaban derramando en terrenos agrícolas e incluso llegaron hasta el invernadero de uno de los pobladores. Los ciudadanos grabaron videos como prueba de la actividad ilegal, los cuales fueron clave para que la Profepa interviniera.
Una vez en el lugar, el personal de la Profepa constató las irregularidades ambientales y procedió a colocar sellos de clausura a la mina al identificar un riesgo inminente de daño ambiental, derivado del contacto directo de los residuos peligrosos con el entorno y zonas habitadas. La dependencia determinó que los efectos del derrame podrían tener un impacto nocivo no sólo para el suelo y los cultivos, sino también para la salud de las personas que viven cerca de la zona afectada.
Como medida inmediata, la Profepa ordenó a la empresa detener todas sus operaciones y comenzar acciones de contención, retiro de materiales contaminantes y remediación del área dañada, tanto dentro de las instalaciones de la mina como en los predios cercanos que resultaron afectados.
La empresa Sago Import Export, S.A. de C.V., es una sociedad constituida por Julio Sánchez y la exalcaldesa de Zimapán, Rosalía Gómez Martínez (2003-2006). Su nombre comercial deriva de la unión de las sílabas iniciales de sus apellidos. Ahora, esta firma enfrenta un proceso de investigación ambiental que podría derivar en sanciones más severas si no cumple con las disposiciones establecidas por la autoridad federal.
La situación ha encendido las alarmas entre la comunidad local, que teme afectaciones a largo plazo en sus actividades agrícolas y en su salud, ya que el contacto con residuos mineros puede derivar en consecuencias graves para los ecosistemas y las personas. El caso también pone sobre la mesa la necesidad de mayor vigilancia ambiental en las regiones donde operan empresas extractivas, ya que el descuido o la omisión en el tratamiento de desechos puede derivar en verdaderas catástrofes ecológicas.
Mientras continúan las investigaciones, el llamado de la población es claro: transparencia, responsabilidad empresarial y justicia ambiental.