Silencio legislativo: aprueban licencia a diputada con orden de aprehensión por caso de abuso infantil
En medio de una creciente indignación social, el Congreso del estado de Hidalgo aprobó este martes 29 de abril la solicitud de licencia por 30 días presentada por la diputada local Alhely Medina Hernández, representante del distrito 1. La legisladora enfrenta una orden de aprehensión por el presunto delito de violación agravada equiparada en agravio de dos menores de edad, hechos que habrían ocurrido en el municipio de Zimapán.
La diputada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, había estado ausente en varias sesiones clave del Congreso, entre ellas las del 15, 24 y 25 de abril. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el pleno legislativo aprobó su licencia en un trámite considerado ordinario, sin que se abriera espacio para el debate o se hicieran pronunciamientos públicos al respecto.
De acuerdo con documentos legislativos, la solicitud fue registrada desde el pasado 8 de abril, lo que indica que la diputada habría anticipado su separación del cargo semanas antes de que se hiciera pública su situación legal. Este hecho ha levantado serias preguntas sobre la actuación del Congreso, que no emitió postura ni manifestó preocupación frente al tipo de señalamientos que enfrenta una de sus integrantes.
Organizaciones civiles, así como usuarios en redes sociales, han expresado su desconcierto ante lo que consideran una actitud pasiva del poder legislativo. El caso, por su naturaleza, toca fibras sensibles en una sociedad que exige respuestas firmes frente a delitos cometidos contra menores, especialmente cuando involucran a figuras del poder público.
Mientras tanto, la diputada Medina Hernández permanece en calidad de prófuga, al contar con una orden de aprehensión vigente. Las autoridades judiciales no han informado avances sobre su localización, ni se ha esclarecido si la licencia otorgada podrá influir en su proceso legal.
El Congreso de Hidalgo tampoco ha dado señales de considerar una suspensión definitiva, ni se ha pronunciado sobre la posibilidad de iniciar un proceso de desafuero, dejando en el aire el mensaje que envía una institución cuando antepone los trámites a la transparencia y la justicia.
Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la forma en que los poderes del Estado reaccionan frente a posibles actos criminales en sus filas, en un contexto donde la confianza ciudadana hacia las instituciones se ve cada vez más erosionada.