Pachuca, Hidalgo — 20 de mayo de 2025.
En los primeros cuatro meses del año, un total de 23 conductores han sido sancionados por ofrecer servicios de transporte público mediante aplicaciones móviles como Uber, Didi y Rappi, en el estado de Hidalgo. Así lo informó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), Lyzbeth Robles Gutiérrez, quien señaló que la operación de estas plataformas no está permitida por la ley estatal.
De acuerdo con la funcionaria, las sanciones impuestas oscilan entre las 500 y 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa multas económicas que van desde los 56 mil 570 hasta los 79 mil 198 pesos por conductor, según el caso.
Estas cifras no solo reflejan una política de cero tolerancia hacia el transporte no regulado, sino también una importante fuente de ingresos para el estado. Según estimaciones, las sanciones aplicadas por este motivo han generado entre 1.3 y 1.8 millones de pesos en multas, sólo en lo que va del año.
“Es una multa elevada. Requerimos que las personas tomen consciencia de la situación y que opten por el transporte regulado. Éste está sujeto a la verificación respectiva por el Sistema de Transporte Convencional”, explicó Robles Gutiérrez.
El marco normativo vigente en Hidalgo impide la operación de estas aplicaciones, lo que coloca a los conductores que ofrecen este servicio en una situación de ilegalidad, independientemente de la creciente demanda ciudadana por este tipo de transporte.
La Semot ha reiterado su postura de que los vehículos que prestan servicio público deben estar debidamente registrados y cumplir con los requisitos técnicos, administrativos y de seguridad establecidos por el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo. Las aplicaciones móviles, al no contar con autorización para operar en la entidad, quedan fuera del marco legal.
A pesar de estas restricciones, el uso de plataformas digitales para solicitar transporte continúa siendo una práctica extendida, especialmente en zonas urbanas como Pachuca y Tizayuca, donde los usuarios buscan alternativas más rápidas, cómodas y accesibles. Sin embargo, los operativos de inspección han aumentado en frecuencia e intensidad.
Por ahora, no hay señales de que la legislación vaya a modificarse en el corto plazo para permitir la operación regulada de estas plataformas, lo que deja a muchos conductores ante una difícil decisión: arriesgarse a ser multados o abandonar esta actividad económica.
La Secretaría de Movilidad ha exhortado nuevamente a la población a utilizar únicamente transporte autorizado, y recordó que los servicios regulados ofrecen mayores garantías tanto para conductores como para usuarios.