Cooperativa Cruz Azul anuncia suspensión de pagos en Hidalgo; trabajadores de Tula afectados por conflicto en planta
La Cooperativa Cruz Azul enfrenta una crisis sin precedentes en su planta cementera de Tula de Allende, Hidalgo. Desde el 1 de febrero de 2025, la empresa anunció que se verá forzada a suspender el pago a 2,812 trabajadores que llevan años sin poder ingresar a sus puestos de trabajo debido a un prolongado conflicto legal y social que mantiene paralizadas las operaciones.
En una misiva dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, la Cooperativa detalló los motivos detrás de esta decisión. Según el documento, la planta fue tomada ilegalmente por un grupo vinculado a Guillermo «Billy» Álvarez, exdirectivo de la empresa y actualmente prófugo de la justicia. Este acto de ocupación ha impedido el acceso de los empleados y paralizado las actividades productivas, agravando la situación económica de la región.
La carta, firmada por miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa, subraya que, pese a la toma ilegal, la empresa había sostenido el pago de salarios por más de tres años, erogando una cantidad superior a 3 mil millones de pesos. Sin embargo, esta práctica ha resultado insostenible, especialmente en un contexto donde las autoridades locales han fallado, según la empresa, en devolver el control legítimo de las instalaciones.
“La inacción de las autoridades para recuperar la legalidad ha perpetuado el conflicto, debilitado nuestra economía y comprometido la seguridad de la región”, señala el documento. Además, enfatiza que Cruz Azul es una fuente esencial de empleo para más de 60,000 familias en todo el país, entre empleos directos e indirectos, lo que convierte esta situación en una problemática de alcance nacional.
Los trabajadores afectados, aunque aún no han dado declaraciones públicas masivas, enfrentan un futuro incierto. La suspensión de pagos no solo pone en riesgo su sustento, sino también el de sus familias y de los pequeños negocios que dependen indirectamente de la actividad económica generada por la planta.
Mientras tanto, la región de Tula se encuentra sumida en un ambiente de tensión, con la sombra de un conflicto que parece lejos de resolverse. Los habitantes locales han señalado un deterioro en la seguridad, pues la ocupación de la planta no solo afecta las actividades productivas, sino que también ha generado un foco de inseguridad en el área.
La Cooperativa ha hecho un llamado urgente al gobierno federal y estatal para tomar cartas en el asunto. La respuesta de las autoridades será crucial en los próximos días, ya que de ello depende no solo la reactivación de la planta, sino el futuro de miles de trabajadores y sus familias.
Este caso, que ha escalado a niveles críticos, refleja los desafíos que enfrenta el sector industrial en México ante conflictos internos y la falta de acción gubernamental efectiva.