Gobierno de Hidalgo inicia investigación contra funcionario detenido en Durango por presunta participación electoral irregular
El Gobierno del Estado de Hidalgo ha comenzado una investigación formal en contra de Arturo Gabriel “N”, quien fue detenido el pasado domingo 25 de mayo en el estado de Durango por su presunta implicación en un delito electoral. Según información oficial, el ahora investigado se presentó como funcionario del gobierno hidalguense y coordinador de campaña del candidato a la presidencia municipal de Durango, José Ramón Enríquez, lo que ha encendido las alertas sobre un posible uso indebido de recursos y atribuciones.
La detención fue reportada por medios locales luego de que Arturo Gabriel “N” fuera interceptado mientras conducía un vehículo registrado a nombre del gobierno del estado de Hidalgo. Durante la intervención, presentó un pasaporte que lo identifica como ciudadano hidalguense y aseguró estar comisionado a actividades de proselitismo político en el proceso electoral duranguense, lo que agrava el caso al combinar elementos de uso de bienes públicos con participación electoral en una entidad distinta.
Ante este hecho, la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y la Secretaría de la Contraloría estatal han iniciado procedimientos administrativos en su contra. Las autoridades estatales aseguraron que las investigaciones se realizarán en estricto apego a derecho y se mantendrá comunicación constante con las instancias correspondientes de Durango para esclarecer el caso.
El comunicado oficial señala que se recopilará toda la información necesaria para ser remitida a las instancias sancionadoras, y se dará puntual seguimiento al proceso legal, en lo que podría convertirse en un caso paradigmático de presunto desvío de recursos y participación indebida en campañas políticas fuera del territorio estatal.
Mientras tanto, el gobierno de Hidalgo ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que mantendrá a la ciudadanía informada sobre el desarrollo del caso. Este episodio pone nuevamente en el foco público la necesidad de reforzar los controles internos dentro de las estructuras gubernamentales para evitar que servidores públicos incurran en prácticas irregulares, especialmente durante procesos electorales.