En una operación sin precedentes, el Gabinete de Seguridad desarticuló una red dedicada al robo y distribución de hidrocarburo en tres municipios del estado de Hidalgo. En un despliegue coordinado entre diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), se ejecutaron seis órdenes de cateo en inmuebles señalados como puntos clave para esta actividad ilícita.

Los operativos se gestaron gracias a denuncias de ciudadanos que reportaron inmuebles con un fuerte olor a combustible, lo que ponía en riesgo a la población cercana. Estas denuncias dieron pie a investigaciones que identificaron seis predios en los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Singuilucan y Santiago Tulantepec. Los inmuebles no solo almacenaban y distribuían hidrocarburo robado, sino que también eran usados para la comercialización de drogas.

Con pruebas recabadas, un Juez de Control otorgó las órdenes judiciales necesarias. Durante el despliegue, llevado a cabo bajo estrictos protocolos de respeto a los derechos humanos, se aseguraron una cantidad significativa de armas, vehículos y drogas. Entre los objetos incautados destacan:

  • Tres armas largas y dos cortas.
  • Vehículos de carga, incluyendo un camión tipo torton y una pipa, además de siete camionetas (dos de ellas blindadas), tres vehículos sedán y tres motocicletas, dos con reporte de robo.
  • Drogas: 47 dosis de marihuana, 137 de cocaína y cuatro de cristal.
  • Aproximadamente 2,770 litros de combustible.
  • Diversos equipos usados para el robo de hidrocarburo, como mangueras, una motobomba y contenedores con capacidad de hasta 36,000 litros.

Además, se detuvo a cinco personas, una de las cuales contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud. Los inmuebles quedaron bajo resguardo policial, mientras que los detenidos y lo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El operativo representa un duro golpe a las redes de huachicoleo que operan en la región, un flagelo que no solo afecta las finanzas de la nación, sino que también pone en peligro la seguridad de las comunidades. No obstante, las autoridades insisten en que queda mucho por hacer para desmantelar completamente estas organizaciones criminales.

Cabe recordar que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas detenidas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El Ministerio Público continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Este caso evidencia la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración interinstitucional para combatir actividades ilícitas que amenazan tanto la economía como la seguridad pública.

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