Ixmiquilpan, Hgo.
Luego de cinco décadas marcadas por tensiones legales, sociales y culturales, la comunidad indígena de El Alberto, ubicada en el municipio de Ixmiquilpan, obtuvo finalmente el reconocimiento oficial de su derecho sobre tierras en disputa con La Estancia, comunidad vecina del municipio de Chilcuautla. El Tribunal 55 emitió una sentencia definitiva que cierra de manera irrevocable uno de los conflictos limítrofes más prolongados y simbólicos del estado de Hidalgo.De acuerdo con la resolución judicial, El Alberto logró acreditar de forma contundente su posesión legítima y ancestral sobre el territorio en disputa. El fallo declara sin efecto cualquier acto jurídico posterior que intentara despojar a esta comunidad de sus tierras y absuelve de toda responsabilidad legal a los habitantes de El Alberto, quienes fueron objeto de múltiples acciones judiciales por parte de la contraparte durante años.Este caso cobra especial relevancia por la antigüedad del conflicto, cuyas raíces datan de más de 50 años, y que se intensificó en 2008, cuando los representantes de El Alberto decidieron emprender una defensa jurídica más firme. A lo largo de este tiempo, ambas comunidades mantuvieron posiciones enfrentadas, con momentos de alta tensión social, aunque sin llegar a mayores confrontaciones físicas, lo que permitió mantener abierto un canal de diálogo.Uno de los elementos más decisivos para el triunfo legal de El Alberto fue la presentación de un título virreinal, un documento histórico que permitió sustentar legalmente la continuidad en la posesión del territorio, reconocido desde tiempos coloniales. Este documento, junto con otros elementos probatorios como mapas históricos, testimonios comunales y documentos agrarios, fue clave para convencer al tribunal de la validez del reclamo.En contraste, la comunidad de La Estancia, parte demandante en este largo proceso, no logró aportar pruebas suficientes para sustentar sus pretensiones. La documentación presentada no fue capaz de demostrar una posesión efectiva ni un vínculo histórico sólido con las tierras en disputa, lo que debilitó de forma irreversible su causa ante el tribunal.La sentencia, que no admite medios ordinarios de impugnación, convierte el fallo en “cosa juzgada”, cerrando así cualquier posibilidad de reabrir el proceso en el ámbito judicial. Esto significa que, desde la perspectiva legal, la disputa ha terminado definitivamente.Aunque hasta el momento las autoridades comunitarias de El Alberto no han emitido una postura oficial, en intervenciones previas han manifestado su deseo de que este conflicto se resolviera en paz y con justicia, privilegiando la vía del entendimiento. El fallo podría abrir la puerta para que ambas comunidades encuentren mecanismos de reconciliación, ya sin la presión de un litigio pendiente.Este caso marca un precedente importante en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país, ya que sienta bases legales sobre cómo pueden ser reconocidos títulos de posesión ancestrales, aún en contextos de disputa prolongada. El veredicto también visibiliza la capacidad organizativa de comunidades que, a pesar de condiciones adversas, han sabido hacer valer sus derechos por la vía institucional.En medio de un contexto nacional en el que los conflictos agrarios, ejidales y limítrofes siguen siendo causa de tensiones sociales en distintas regiones, el caso de El Alberto resalta como un ejemplo de resistencia pacífica, legalidad y perseverancia histórica.