Un total de 59 representantes municipales rechaza que los presidentes municipales puedan celebrar contratos sin la autorización previa del Cabildo; advierten riesgos para la transparencia y el manejo de recursos públicos.
Pachuca, Hidalgo, 12 de octubre de 2026. — La inconformidad crece entre integrantes de los ayuntamientos de Hidalgo. Un grupo de 57 regidores y dos síndicos de 23 municipios manifestó su rechazo a la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, que busca eliminar la autorización previa del Cabildo para que los alcaldes celebren contratos y convenios de interés público.
Mediante un pronunciamiento denominado “Frente común en defensa del municipalismo y la transparencia en Hidalgo”, fechado el 9 de octubre, los representantes municipales advirtieron que esta modificación podría debilitar los mecanismos de vigilancia y concentrar decisiones administrativas en las presidencias municipales.
Entre los municipios cuyos representantes respaldaron el posicionamiento se encuentran Cardonal, Actopan, Zimapán, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, Atitalaquia, Tula de Allende, Nicolás Flores y Cuautepec de Hinojosa, entre otros.
¿Qué cambia con esta reforma?
La modificación a la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo fue aprobada el pasado 6 de octubre por el Congreso local, con 23 votos a favor y siete en contra.
La propuesta elimina la exigencia de autorización general previa del Ayuntamiento para que los presidentes municipales celebren contratos con particulares e instituciones oficiales sobre asuntos de interés público.
Sus impulsores, entre ellos el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora, sostienen que la medida permitirá reducir trámites burocráticos y agilizar la administración pública. Sin embargo, se mantienen controles específicos, como la aprobación de dos terceras partes del Cabildo para la enajenación de inmuebles municipales y determinados compromisos de deuda pública.
Llaman a los 84 ayuntamientos a rechazarla
Los inconformes consideran que la reforma representa un retroceso en materia de transparencia, pues podría limitar la participación de regidores y síndicos en decisiones relacionadas con proveedores, contratos y recursos municipales.
Por ello, exhortaron a los integrantes de los 84 ayuntamientos de Hidalgo a analizar sus implicaciones y votar en contra de la modificación durante el proceso de aprobación constitucional.
La reforma requiere el respaldo de al menos 43 ayuntamientos para avanzar.
El debate queda abierto: ¿agilizar los gobiernos municipales o preservar los contrapesos en el manejo de los recursos públicos?
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